Por Eugenia Rodríguez
El Programa Nacional de 700 Escuelas se inició en el año 2004, bajo la gestión del ex presidente Néstor Kirchner, con la supervisión del entonces Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según se expresó en aquel entonces y según puede leerse en la página oficial del Plan, los objetivos esenciales apuntan a: “Fortalecer el nivel pedagógico y la infraestructura edilicia, mejorando la calidad, eficacia y eficiencia educativa, con incremento de la tasa de promoción, años promedio de escolaridad, el rendimiento académico y la eficiencia en gastos”.
Al referirse al Proyecto, Kirchner proponía una comparación explicativa, al recordar la visión que predominó en la década de los ‘90, en un contexto de plena vigencia del pensamiento único liberal para el que, "las inversiones públicas eran vistas como gastos improductivos". El mandatario se refería a la Reforma Educativa del menemismo, que implicó la descentralización del sistema educativo, ya que delegó a las provincias el control de las instituciones de enseñanza en sus diferentes niveles, lo que afectó no sólo a las arcas económicas de las jurisdicciones sino que también llevó a un desigual desarrollo y calidad educativa, con dispares condiciones de acceso y aprendizaje, y ruptura de la unidad de lucha de docentes y alumnos.
Por ello, y a modo de marcar un cambio de época, el entonces Jefe de Estado aclaró: “A diferencia, para nosotros son inversiones dinamizadoras que traen justicia y equidad, y que ayudan a potenciar la economía. No hay más esquema redistributivo que la fuerte inversión en viviendas y escuelas".
En esa línea, se presentó el Plan de construcción, que marcó el comienzo de una fuerte intervención por parte del Estado en diferentes áreas esenciales de la sociedad, como es el caso de la educación, con modificación del desentendimiento que establecía la Ley de Transferencia y revalorización de la educación pública, gratuita y obligatoria, después del traspaso de fondos y consolidación de la enseñanza educativa privada, con la Ley Federal de Educación.
Vale mencionar al respecto que, cuando se inicia este ambicioso proyecto, el contexto vigente en un país que venía de políticas neoliberales que llevaron al desempleo masivo, al vaciamiento de los fondos del Estado, el quiebre del sistema de producción nacional y el imperio del capital especulativo, se caracterizaba por graves problemas en infraestructura escolar, sumado a la gran deserción de niños y jóvenes, y el creciente aumento de la brecha entre las clases sociales, con una profunda ruptura de las premisas de igualdad y oportunidad.
Es en ese marco entonces, que se apuesta a revertir tal situación, mediante un cambio radical en la inversión en educación que comprometía al Gobierno Nacional y los representantes de todas las jurisdicciones del país, en un trabajo conjunto para la mejora edilicia y de calidad educativa.
De esta forma, en un plazo de 90 días, desde el 1 de septiembre de 2004, las provincias debían entregar los documentos que den cuenta de las condiciones por las que se elegían los establecimientos y sus respectivas propuestas. Al tiempo que a la Nación, correspondía una vez aprobados los proyectos, el llamado a licitación de las obras.
En complemento, para la puesta en práctica del Plan se confeccionó un manual de herramientas de manera de guiar cada etapa de las demandas edilicias. En dicho documento se expresa: “Un sistema de identidad es una construcción racional y no mecánica, en el espacio y en el tiempo, pues cada nueva parte, etapa, escuela o propuesta puede contribuir a su fortalecimiento o a su degradación. Por ello es básicamente una tarea en equipo, en vistas a lograr un objetivo mayor: el reconocimiento y la identificación para su revalorización de la Escuela Pública”.
Luego de tal episodio, y según lo aseguran fuentes vinculadas a lo ocurrido, comenzaron a acelerarse los trámites de incorporación para una futura construcción, que sin embargo no logró concretarse,con gran frustración para toda la comunidad educativa.
En relación, cabe expresar que a nivel de la provincia de Santa Fe, el mencionado programa estipulaba la edificación de un total de 36 establecimientos educativos en general, de los cueles se construyeron hasta el momento 21 de acuerdo a la información que actualizara el sitio oficial del plan educativo el pasado mes de octubre de 2012.
A partir de todo lo expresado, puede remarcarse finalmente que sin duda, los proyectos de construcción de infraestructura educativa constituyen una política de Estado, que se orienta a asegurar la igualdad de oportunidades y cumplir con el derecho básico a la educación establecido en la Constitución Nacional, como complemento de los cambios impulsados legal y presupuestariamente.
A su vez, la eficiencia y eficacia de realización requieren de un pleno compromiso de gestión y cooperación entre los distintos mandos jurisdiccionales, a fin de que los edificios no sean meros dibujos de arquitectura y se conviertan en una realidad física aprovechable por miles de alumnos y docentes. Más allá de diferencias políticas, el respeto al conjunto social y el compromiso con lo públicamente difundido, requiere una búsqueda conjunta de espacios donde construir, desde las comunas y municipios, junto a cada provincia y con apoyo y respuesta de Nación.
Porque es elemental tener un terreno y edificio propio que permita proyectar cambios a futuro, porque es un derecho básico de todo ciudadano, porque las políticas del Estado en sus diferentes niveles deben orientarse a satisfacer las demandas de los niños y adolescentes, para quienes se debe gobernar, si se quiere ofrecer la posibilidad de progreso personal y transformación social.
Nota Base: http://palabrassublevadas.blogspot.com.ar/2012/12/un-nuevo-edificio-para-un-mejor-futuro.html
En esa línea, se presentó el Plan de construcción, que marcó el comienzo de una fuerte intervención por parte del Estado en diferentes áreas esenciales de la sociedad, como es el caso de la educación, con modificación del desentendimiento que establecía la Ley de Transferencia y revalorización de la educación pública, gratuita y obligatoria, después del traspaso de fondos y consolidación de la enseñanza educativa privada, con la Ley Federal de Educación.
Vale mencionar al respecto que, cuando se inicia este ambicioso proyecto, el contexto vigente en un país que venía de políticas neoliberales que llevaron al desempleo masivo, al vaciamiento de los fondos del Estado, el quiebre del sistema de producción nacional y el imperio del capital especulativo, se caracterizaba por graves problemas en infraestructura escolar, sumado a la gran deserción de niños y jóvenes, y el creciente aumento de la brecha entre las clases sociales, con una profunda ruptura de las premisas de igualdad y oportunidad.
Es en ese marco entonces, que se apuesta a revertir tal situación, mediante un cambio radical en la inversión en educación que comprometía al Gobierno Nacional y los representantes de todas las jurisdicciones del país, en un trabajo conjunto para la mejora edilicia y de calidad educativa.
De esta forma, en un plazo de 90 días, desde el 1 de septiembre de 2004, las provincias debían entregar los documentos que den cuenta de las condiciones por las que se elegían los establecimientos y sus respectivas propuestas. Al tiempo que a la Nación, correspondía una vez aprobados los proyectos, el llamado a licitación de las obras.
En complemento, para la puesta en práctica del Plan se confeccionó un manual de herramientas de manera de guiar cada etapa de las demandas edilicias. En dicho documento se expresa: “Un sistema de identidad es una construcción racional y no mecánica, en el espacio y en el tiempo, pues cada nueva parte, etapa, escuela o propuesta puede contribuir a su fortalecimiento o a su degradación. Por ello es básicamente una tarea en equipo, en vistas a lograr un objetivo mayor: el reconocimiento y la identificación para su revalorización de la Escuela Pública”.
Se enuncia además que, “la escuela es un hito social y comunitario. Nos pertenece y es responsabilidad de todos, se presenta como un centro comunitario que alberga tanto funciones educativas como recreativas y culturales. Bajo este concepto no sólo los recintos, sino todos los espacios de la escuela cumplirán una función educativa”. Lo citado obliga a reflexionar sobre la relación directa que existe entre la arquitectura edilicia, el lugar de emplazamiento de un edificio, las características del entorno inmediato, y el posicionamiento que una institución logra tener en la comunidad, la percepción que de ella tiene el conjunto de la población a partir de su figura estética, sus condiciones materiales y de infraestructura en general.
En ese sentido, la historia de lucha por la edificación de la Escuela de Enseñanza Media Nº 403 de Casas, comienza en 1998 cuando la directora de entonces, profesora María Teresa Mafezzini, promueve, junto a autoridades comunales, los trámites para escriturar un terreno de la localidad, a nombre del Ministerio de Educación Provincial, que fuera luego cedido a la secundaria para poder edificar su propio lugar de funcionamiento.
En correlación, luego de años de espera, tal objetivo se concreta. A partir de entonces, se inician los reclamos para conseguir financiamiento estatal para edificar. En el marco de tal lucha, es que aparece la posibilidad de incluir a la Escuela de Casas, en el Proyecto de 700 Escuelas del Gobierno Nacional.
En correlación, luego de años de espera, tal objetivo se concreta. A partir de entonces, se inician los reclamos para conseguir financiamiento estatal para edificar. En el marco de tal lucha, es que aparece la posibilidad de incluir a la Escuela de Casas, en el Proyecto de 700 Escuelas del Gobierno Nacional.
Según se detalla en la página oficial de tal medida, y de acuerdo a lo testimoniado por docentes del establecimiento, se concretaron dos licitaciones, la primera (Nº 78/06), tiene como fecha el 17 de octubre de 2006 y la segunda (Nº 39/07) está fechada el 20 de diciembre de 2007, el número de obra es 82-025.
Sin embargo, ninguna de ellas llegó a término por impedimentos vinculados a demoras en el tiempo que volvían incompatibles los fondos destinados con respecto a los costos fijados por la empresa constructora, y a la falta de presentación de toda la documentación requerida, de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones confeccionado para tal fin.
Sin embargo, ninguna de ellas llegó a término por impedimentos vinculados a demoras en el tiempo que volvían incompatibles los fondos destinados con respecto a los costos fijados por la empresa constructora, y a la falta de presentación de toda la documentación requerida, de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones confeccionado para tal fin.
En correlación cabe decir que, según pudo conocerse, la incorporación de la Escuela provincial 403 al Programa Nacional, ocurrió luego de la intervención directa de personal de la institución, que logró que la situación que padecía la secundaria en cuanto a lo edilicio fuera conocida en el Ministerio de Educación Nacional, entidad que manifestó estar desinformada, por parte de la provincia, sobre las falencias detalladas.
Luego de tal episodio, y según lo aseguran fuentes vinculadas a lo ocurrido, comenzaron a acelerarse los trámites de incorporación para una futura construcción, que sin embargo no logró concretarse,con gran frustración para toda la comunidad educativa.
En relación, cabe expresar que a nivel de la provincia de Santa Fe, el mencionado programa estipulaba la edificación de un total de 36 establecimientos educativos en general, de los cueles se construyeron hasta el momento 21 de acuerdo a la información que actualizara el sitio oficial del plan educativo el pasado mes de octubre de 2012.
En consecuencia, se han sucedido varios reclamos de instituciones educativas que, al igual que en Casas, no lograron obtener su edificio propio. Frente a ello, en 2008 el entonces Director de Equipamiento Escolar de Santa Fe, Alejandro Stéfano, aseguraba: "En cuanto a lo que se ejecutó y lo que se está haciendo este año, el plan es bastante eficiente respecto del pago a las empresas, las licitaciones y los llamados. Pero el problema que hubo es que se ejecutó menos del cupo que tenía previsto la provincia".
En ese momento, lo ocurrido generó una serie de cruces entre el ex gobernador santafesino Hermes Binner, y el Ministro de Educción Nacional, Juan Carlos Tedesco. Al respecto, el segundo, respondió a las demandas por la falta de obras en la provincia, a través de asegurar que, “existen otras regiones con muchas más necesidades”. Mientras que, el socialista refutó: "Si es verdad; no obstante, hoy vivimos una realidad muy compleja, y si bien la ley nacional dice que el secundario es obligatorio, para hacerlo obligatorio en la provincia necesitamos como mínimo 1.200 escuelas. Si usted no tiene los cuerpos de profesores y los edificios, es muy difícil poder concretarlos".
Sobre tales proyectos, que por razones diversas no fueron ejecutados, desde el Ministerio de Planificación Federal se comprometieron a incluirlos en el nuevo Plan de mil escuelas lanzado en 2008, con nuevas características.
A partir de todo lo expresado, puede remarcarse finalmente que sin duda, los proyectos de construcción de infraestructura educativa constituyen una política de Estado, que se orienta a asegurar la igualdad de oportunidades y cumplir con el derecho básico a la educación establecido en la Constitución Nacional, como complemento de los cambios impulsados legal y presupuestariamente.
A su vez, la eficiencia y eficacia de realización requieren de un pleno compromiso de gestión y cooperación entre los distintos mandos jurisdiccionales, a fin de que los edificios no sean meros dibujos de arquitectura y se conviertan en una realidad física aprovechable por miles de alumnos y docentes. Más allá de diferencias políticas, el respeto al conjunto social y el compromiso con lo públicamente difundido, requiere una búsqueda conjunta de espacios donde construir, desde las comunas y municipios, junto a cada provincia y con apoyo y respuesta de Nación.
Porque es elemental tener un terreno y edificio propio que permita proyectar cambios a futuro, porque es un derecho básico de todo ciudadano, porque las políticas del Estado en sus diferentes niveles deben orientarse a satisfacer las demandas de los niños y adolescentes, para quienes se debe gobernar, si se quiere ofrecer la posibilidad de progreso personal y transformación social.
Nota Base: http://palabrassublevadas.blogspot.com.ar/2012/12/un-nuevo-edificio-para-un-mejor-futuro.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario