Una condena con olor a petróleo

Foto del FPDS Rosario

En el marco de la Campaña Nacional por la Absolución de los Trabajadores de Las Heras, el pasado viernes 31 de enero visitó la ciudad, Ramón Cortez, trabajador condenado a cadena perpetua en la "Causa Sayago”, vinculada a la muerte de un policía en la pueblada que tuvo lugar en esa ciudad del sur del país en 2006.

La actividad que comenzó pasadas las 19 en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sede Rosario tuvo como fin principal acercar el testimonio de uno de los laburantes condenados en diciembre de 2013, en un juicio signado por la criminalización del reclamo obrero y la aplicación de torturas e irregularidades en su “repentino y rápido desarrollo”. 

Frente a un nutrido auditorio que agrupaba a dirigentes gremiales, militantes sociales y políticos de diversas edades, y trabajadores en general, Juan Pablo Casiello, secretario gremial de AMSAFE Rosario se encargó de la presentación remarcando que “la jornada de lucha apunta a hacer frente a la evidente intención de los sectores de poder de avanzar en la criminalización y judicialización como un mecanismo para frenar los distintos procesos de movilización obrera”, lo que queda demostrado en los “más de siete mil compañeros procesados en todo el país”. 

Posteriormente Casiello dio cuenta de algunas de las actividades realizadas y convocó a participar de la marcha que saldrá este miércoles 5 a las 18:30 desde Plaza 25 de Mayo, así como instó a los trabajadores en su conjunto, representantes gremiales, organismos de Derechos Humanos y población en general a firmar el petitorio por la absolución de los condenados y a sumarse a la campaña nacional de difusión y denuncia de delitos como son las torturas a los detenidos y testigos.

Luego llegó el turno de Ramón, un hombre de pocas palabras, aunque las justas y necesarias para describir la injusticia, el dolor y la aberración que comenzó allá por febrero de 2006. “Soy uno de los condenados por haber salido a pelear en rechazo del impuesto a las ganancias y por mejoras laborales” se presenta con voz firme y agrega “ello me llevó junto con otros compañeros a ser encarcelado primero y torturado después”. 

Mirando a todos los presentes y trayendo a la memoria recuerdos de días trágicos que marcaron para siempre su físico y todo su ser, toma fuerzas para relatar cómo sucedieron los hechos porque entiende que “más allá de los folletos lo importante es que hoy esté yo acá diciéndoles directamente lo que vivimos, para que no vuelva a repetirse nunca más”.

Cuenta entonces que “en aquellas jornadas de lucha salíamos a pelear contra el impuesto a las ganancias y por el pase del convenio de trabajadores de la construcción a petroleros, que es el trabajo que hacían efectivamente los compañeros”. “En mi caso soy empleado municipal pero nosotros nos sumamos a la lucha, todo el pueblo en general entendió que debía participar”. 

Continúa detallando que en ese contexto de lucha se decide hacer una asamblea y cortar la ruta, pasaron veinte días de tal medida hasta que arriba Gendarmería al lugar y se dicta una orden de desalojo.

“Frente a esa situación hicimos otra asamblea y elegimos un vocero, Mario Navarro, que se dirige a una radio local para denunciar todos los ataques de la policía y toda la presión que sufríamos. Pero cuando estaba hablando por ese medio llega la policía, lo detiene y lo lleva a la alcaldía por supuesta averiguación de antecedentes”, agrega. Tiene lugar una pueblada que se disponía a exigir la liberación del detenido. En tal movilización “la policía reprime de forma abusiva a las más de 2 mil personas que en medio de la noche y con cortes de luz nos manifestábamos”, es entonces cuando se produce la muerte del uniformado Jorge Sayago, “que va a caer de frente a la multitud con un tiro en la espalda”, pese a ello se culpabiliza a varios de los trabajadores.

“Después nos apresan, nos torturan y amenazan a nuestras familias”, describe Ramón con lágrimas en los ojos y bajando la mirada generando la sensación de que una película de terror estuviera pasando por su mente con secuencias de esas que nadie quiere ver y menos vivir.

A continuación cuenta que luego de ello la policía va a sitiar la ciudad de Las Heras durante dos meses en los que se establece el toque de queda y se producen apagones de luz cerca de las nueve de cada noche, generando el escenario ideal para todo tipo de allanamientos.

Antes de dar paso a las preguntas este laburante que fue apresado cuando su última hija tenía apenas un mes de vida y a la que vio recién tres años después debiendo soportar el dolor de que “no me reconociera como su papá, que no supiera quien era”; pone énfasis en remarcar que “esto no se trata sólo de nosotros, no nos pasó sólo a nosotros, porque si la condena queda firme se sienta un precedente para la lucha de todos los trabajadores, por eso es necesario que nos acompañemos entre todos”.

Con respecto al juicio luego de pasar tres años en prisión, desde 2006 hasta 2009, periodo en el que “fue muy alevosa la paliza que nos dieron, todavía tengo secuelas en el cuerpo por lo que padecí”, fueron liberados. “Volver a revivir el tiempo en que estuvimos detenidos es muy fuerte, primero nos tuvieron de rehenes quince días en los que la familia nos buscaba sin saber dónde estábamos, y cuando les avisaron que nos encontrábamos en Puerto Deseado no nos permitían comunicarnos ya que nos mantenían encerrados en calabozos y éramos brutalmente golpeados. Hacían lo que querían con nosotros, por eso es que no quiero que nadie más lo sufra”.

Los trabajadores fueron liberados hasta que el año pasado se reactiva el juicio, que había sido anulado por el fiscal de Cámara Carlos Rearte quien plantea la nulidad del requerimiento de elevación por considerar que era “impreciso e infundado”, al producirse el cambio de fiscal y por injerencia del gobierno provincial. 

Tal procedimiento judicial se inició en junio de 2013 y duró sólo seis meses. Finalmente el Tribunal Oral de Caleta Olivia determinó que de los 13 imputados cuatro de ellos recibieran condena a prisión perpetua por homicidio: Ramón Cortez, José Rosales, Franco Padilla y Hugo González y el resto una condena de cinco años de prisión por coacción agravada y lesiones. “Esta sentencia se sostiene en falsos testimonios arrancados bajo tortura, pero ni siquiera de esa manera se logró demostrar nada en contra de nosotros, no hay pruebas concretas que nos incriminen”, sostiene Cortez.

En consonancia Claudia Ferrero una de las abogadas defensoras declaró en aquel momento: “Ni siquiera está determinado cómo fueron los hechos, que tres tiraron pero ninguno tiró, que Sayago tenía o no tenía casco, se superponen las versiones. La condena de este juicio nada tiene que ver con la justicia y es un pésimo antecedente para los cientos de procesados por protestas sociales”, ya que según comentó Ramón luego de los hechos “se instaló el miedo en la ciudad y costo mucho que la gente se anime a sumarse nuevamente a los reclamos”.

“A pesar de que los mismos testigos denunciaron las torturas se hizo caso omiso y cuando por ejemplo había testigos que declaraban a nuestro favor, se intervenía el testimonio y les decían `pero vos no dijiste eso la otra vez´, los denunciaban por falso testimonio y los llevaban 48 horas detenidos”. Al respecto el fiscal del caso Ariel Candia dijo que “darle dos o tres cachetadas o meterle una bolsa en la cabeza a un testigo no es decirle que tiene que declarar”.

En medio del estremecimiento generado por las palabras del trabajador los asistentes compartieron información, propuestas y valoraciones en un debate en el que se impuso la necesidad de lucha colectiva para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos y “romper con la impunidad de las petroleras y grandes corporaciones”, y a fin de fortalecer mediante “la mayor repercusión de esta campaña y la militancia de cada organización” la vigencia de la facultad de todos los trabajadores de luchar por los propios derechos, porque sin duda “detrás de esta condena hay olor a petróleo”. 

Foto de Amsafé Rosario