La muerte y el final del juego

Fuente: Hijos Capital

La muerte duele, marca el corazón abriendo una grieta que permanecerá ahí para siempre. Y duele más cuando quien se va es alguien cercano a nosotros, y aún más si se trata de una persona joven, sobre quien esperábamos pudiese concretar sus sueños y proyectos.

Pero cuando esa muerte es producto de complicidades e ilícitos que por supuesto, benefician a unos pocos con poder, no sólo duele, sino que da bronca, genera impotencia y también, una necesidad enorme de JUSTICIA.




                                                                                               


  Al respecto, el 19 del corriente se conoció la sentencia en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra, un joven que fue asesinado con apenas 23 años, en 2010, en el marco de una movilización de trabajadores tercerizados que reclamaban el justo reconocimiento de condiciones dignas de trabajo. Recuerdo con precisión aquel día, estaba junto a compañeras de facultad realizando un trabajo sobre desempleo en la ciudad de Rosario, discutiendo cobre conceptos como trabajo formal, informal, previsión social y desocupación, entre otros, cuando nos avisan que al día siguiente no teníamos clase porque "mataron a un pibe en Buenos Aires", según nos alertaba otro estudiante. 

  Encendimos la televisión y los medios hablaban de un supuesto enfrentamiento entre dos facciones vinculadas a la Unión Ferroviaria, hasta que el testimonio de quienes habían sido atacados permitió clarificar en mayor medida lo ocurrido. 

En aquel entonces me costó comprender la dimensión de los hechos, otra vez un joven muerto en mi país, como en los casos de Kosteki y Santillán pero en otro momento y bajo otras circunstancias, aunque después comprendí que con algunos puntos en común. 

  Lo primero que vislumbré es que mientras nosotras intentábamos dar contenido a los conceptos de desocupación, tercerización y empleo, otros, muchos de nuestra misma edad, estaban actuando, poniendo en riesgo y entregando su vida para que algo realmente cambie en el desigual mundo del trabajo. Comprendí también que como estudiante de periodismo debía complejizar mi mirada, tratar de darles el lugar que se merecen a los protagonistas cotidianos de luchas por el reconocimiento de derechos, que particularmente me limitaba a comprender desde categorías vacías, lejanas de quienes pueden definirlas mejor, porque son parte esencial de ellas.

  Como ha quedado en evidencia durante el desarrollo del juicio oral y la presentación de las pruebas documentales, la muerte de Mariano dejó al descubierto el entramado de irregularidades y complicidades económicas, sindicales, políticas y policiales, que conformaron la estructura ideal para el accionar de la patota asesina. 

  Sin duda, la primera irregularidad es la de las tercerizaciones, término que implica que una empresa contrate a otra externa para realizar un determinado servicio, lo cual no está prohibido legalmente. Sin embargo, la implementación abusiva de esta práctica ha llevado a que los trabajadores estén cada vez mas expuestos a una creciente precarización laboral, en condiciones sumamente denigrantes, sin respeto alguno de los convenios colectivos de trabajo y derechos básicos.

  En ese sentido, tal como lo expresa el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un documento publicado el día de la sentencia: "Los hechos del 20 de octubre de 2010 sirvieron para poner en cuestión aspectos centrales de la institucionalidad democrática como el modelo de sindicalismo, el rol del Estado en procesos de conflictividad laboral y la actuación policial frente a la protesta social". 

  Es decir que, reflejan la sucesión de ilícitos que permitieron sostener un sistema de negocios y control político entre las empresas gerenciadoras del Roca, las empresas que las anteriores contrataban, muchas pertenecientes a las mismas firmas principales, y la cúpula de la Unión Ferroviaria y su cooperativa Unión del Mercosur,  proovedora de mano de obra tercerizada. Sin dejar de mencionar, la evidente complicidad policial de efectivos que conociendo el estado de situación de aquel trágico día, liberaron la zona para permitir el libre accionar de los atacantes, sin ningún intento de protección a los militantes y trabajadores, ni de auxilio para con  los heridos.

  Un capítulo aparte merece el papel de la Secretaría de Transporte de la Nación, que suministraba millones de pesos mensuales a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) para, entre otras cosas, los gastos de contratación de otras empresas con las que se tercerizaban servicios y que por lo tanto debía controlar el destino de esos subsidios. Se suma a ello, la inacción de la cartera de Trabajo frente a las denuncias que los trabajadores ya venían realizando, sobre la problemática laboral referida.

  Así  como mencioné en un inicio, la necesidad que estos hechos me despertaron de lograr una reflexión más profunda frente a demandas tan elementales como "Pase a planta permanente", su visibilización y posibles respuestas, también me ha llevado a la tarea casi imposible de intentar comprender el hecho de que la propia fuerza gremial que se supone debía defender los derechos de los trabajadores sea al mismo tiempo su patrón, es decir, quien los coloque en tan penosa condición laboral, defendiendo pura y exclusivamente sus intereses económicos, el lucro de la empresa bajo su control.

  Dicha paradoja no hace más que arrojar luz sobre el funcionamiento de una burocracia sindical que acompañó el desguace del aparato productivo nacional en la década neoliberal, con cierre de industrias nacionales, masiva desocupación y creciente precarización laboral y que lejos está de representar a los trabajadores a quienes proclama defender.

  Finamente, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21 de Capital Federal decidió: condenar a 15 años de prisión al ex secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza y a su segundo, Juan Carlos Fernández, como cómplices necesarios de los hechos, descartando la existencia de "instigación en cadena". Al tiempo que a los autores de los disparos, Cristian Favale y Gabriel Sánchez, así como al delegado Pablo Díaz, quien comandaba la patota en el territorio, los condenó a 18 años.  Por otra parte, Jorge González y Salvador Pipitó acusados de hostigar a la prensa que estaba en el lugar, recibieron penas de 11 años cada uno,  Claudio Alcorcel fue condenado a ocho años,  y  se absolvió a  Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño.

  Además, hubo condena para los comisarios Luis Mansilla y Jorge Ferreyra con una  pena de diez años por homicidio, dos años para los policías Hugo Lompizano, Luis Echeverria, y Gastón Conti, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, absolviendo el Tribual al efectivo Rolando Garay e inhabilitando y multando a su par David Villalba.

  Si bien las condenas a los responsables intelectuales y materiales del hecho son mucho menores a las solicitadas, vale remarcar la importancia histórica del fallo en tanto reconoce la responsabilidad de uno de los principales representantes del sindicalismo empresario nacional, que durante años forjó una estructura de poder para perpetuarse indefinidamente y mantener sus negociados a costa de precarizar a los trabajadores cuyos intereses debía defender. Ello se demuestra en el reconocimiento por parte del Tribunal Nº 21 de que, "en el delito hubo convergencia intencional" y que "nada ocurrió casualmente", sino que la patota fue convocada por el sindicato y actuó "sabiendo que la policía no los iba a detener".

  Tomando las palabras que enunciara luego del fallo, Pablo Ferreyra, hermano de Mariano, cabe mencionar que el mismo es considerado en principio por la familia como "positivo", ya que "el trasfondo de la tercerización, la corrupción policial y la impunidad pueden encontrar un límite a partir de esta condena. Pedimos tiempo para madurar este fallo perfectible, ya que hasta no tener los fundamentos vamos a actuar con la sensatez que nos caracterizó desde un primer momento".

                                  Palabras de Pablo Ferreyra y representantes del CELS, luego del fallo
                                             Fuente: Agencia Télam
      

  Para finalizar resulta importante señalar que el homicidio y ataque a los militantes, da cuenta también de la necesidad de mejorar la legislación vigente sobre tercerizaciones, una práctica empresaria que va más allá de partidos políticos, porque afecta la dignidad de una persona en tanto trabajador/ra, y requiere en consecuencia de límites más precisos que garanticen una mayor protección e impidan la repetición de casos semejantes.

  Porque en cada trabajador precarizado, en cada movilización. en cada militante y bandera, en los 1500 trabajadores incorporados a planta en el ferrocarril y en los que aún luchan por revertir tales condiciones precarias, Mariano está presente. Porque murió luchando, marchando junto a sus compañeros, por la reivindicación de derechos fundamentales, por una Patria más Justa e Igualitaria.